El Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza manifiesta su preocupación por el nivel alcanzado por el conflicto que mantienen el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y en el que se han involucrado, varios integrantes de la Legislatura.

La exacerbación de los ánimos y la politización de los temas discutidos, derivados hacia la consideración popular y ventilados profusamente en la prensa, ha convertido lo que en principio fue un pedido de recomposición salarial, en una pugna institucional que disimula el tratamiento de los problemas reales y urgentes de la Provincia.

Se ha llegado a hablar, por parte de dirigentes políticos, de pedidos de intervención federal al Poder Judicial, por no compartirse algunas de las sentencias dictadas por jueces, e incluso, en algunos casos, por conjueces no magistrados. Se olvida que la apreciación subjetiva, o de parte interesada, sobre las sentencias judiciales, debe encauzarse por los procedimientos recursivos establecidos en los códigos de procedimiento, y el rechazo de las pretensiones, aunque desagrade a la parte perdidosa, no puede dar motivo a injurias y denuestos contra los judicantes, justo es también decir que dichos procedimientos deben hallarse oportunamente expeditos para ambas partes.

Como tampoco puede asimilarse, más allá de las discusiones circunstanciales, la calidad del Poder Judicial mendocino al de otras provincias, dudando de su independencia y de la honradez de cada uno de sus miembros. De ello da prueba el hecho de que, a pesar del encono de algunos de sus adversarios, que los hizo incurrir en exabruptos poco edificantes, ninguno de estos ha vertido sospechas sobre la honradez de juez o funcionario judicial alguno.

Habiéndose conformado en estos días una comisión legislativa que mediará entre los poderes Ejecutivo y Judicial, el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza no puede menos que apoyar la iniciativa, y hace votos por su éxito, para lo cual impetra a las partes que, colaborando con la misma, propicien las soluciones que vuelvan a colocar a la administración de justicia mendocina en el alto podio de respeto y dignidad que la privilegió frente a las del resto del país.

Lo dicho implica, también, que ponemos una vez más nuestra institución al servicio del diálogo entre las partes, en caso de que se considere útil su intervención.